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TV Pública y una lucha sin inocencia

El Día de los Inocentes de 1995 Canal 7, por entonces ATC, dejó de existir. Un decreto firmado por el presidente Carlos Menem traspasaba el canal del Estado a la frecuencia 4, en litigio con Uruguay, y liberaba la histórica frecuencia 7 para su privatización, en absoluta correspondencia con la política neoliberal de ese gobierno.

En un clima de época donde cada iniciativa de privatización tenía la garantía de un hecho consumado, la UTPBA, junto con los trabajadores de Canal 7, tomaron la decisión de enfrentar la resolución de un gobierno que acababa de ser reelecto: No a la privatización de Canal 7, no a los despidos fueron las dos consignas claves que a partir de ese mismo momento marcaron el objetivo de una lucha que el tiempo y el resultado transformarían en ejemplar.

La UTPBA impulsó el accionar judicial, al presentar una medida de no innovar ante la justicia, y junto a todo el personal dinamizó las respuestas gremiales, políticas y de denuncia de la resolución del Poder Ejecutivo, sin desatender ninguno de esos planos.

La firmeza, la convicción, la perseverancia y el compromiso permitió que las distintas medidas de fuerza definidas en asambleas  -toma del noticiero, sentadas frente al edificio del Canal, movilización en la entrega de los Martín Fierro, asambleas multitudinarias de todos los trabajadores del canal,  a partir de una línea de unidad que involucró al conjunto del personal de la emisora- resistieran, en el marco de un mismo conflicto, despidos masivos en un Procedimiento Preventivo de Crisis, la caída de los convenios colectivos y del Estatuto del Periodista y el desalojo del lugar para permitir que allí se instalara la Secretaría de Medio Ambiente encabezada por María Julia Alsogaray.

El consenso privatizador, el avance de los grupos mediáticos privatizados a comienzos de la gestión Menem, el miedo a perder el puesto de trabajo, a salir de cualquier circuito laboral construían una realidad totalmente adversa para todo aquello que tuviera que ver con defender los intereses de las trabajadoras y trabajadores, más aún de un medio público.

Fueron meses y meses de tensiones. De poner a disposición de la pelea cuerpo, inteligencia, alma y estrategia. Porque el discurso privatizador, y su gobierno fortalecido en las urnas, apostaba a la confusión, la mentira, el oportunismo y el pragmatismo, algo que la UTPBA, los trabajadores de Canal 7 y algunas organizaciones y referentes, enfrentaron tanto como a la indiferencia y el silencio.

A fines de 1996 un Convenio de Crisis (Canal 7 fue la primera empresa del Estado que se presentó a Concurso) garantizó la continuidad de todos los puestos de trabajo (la propuesta original de la empresa era despedir el 50% del personal) y las condiciones que señala el Convenio Colectivo, así como el Estatuto del Periodista.

En marzo de 1998 la justicia nos dio la razón (“Decretar medida de no innovar tendiente a que el COMFER se abstenga de tomar toda medida tendiente a modificar la frecuencia de emisión de la concursada como estación televisiva…”).

En el 2000, ya con el Gobierno de la Alianza, se revirtieron 30 despidos.

La UTPBA y los trabajadores de Canal 7 fueron factores principalísimos para que la TV Pública no perdiera su condición de tal y para que nadie se atreviera a avanzar sobre el Convenio 124/75, el que firmó la UTPBA. Ese 124/75 que los compañeros suelen llamar “la Biblia”, jamás al alcance de herejes y traidores. 

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